Es una realidad que quienes pagan el verdadero costo de la introducción del aborto en el código penal son las mujeres de escasos recursos, las mujeres obreras y por tanto, tampoco se puede negar que la penalización del aborto tiene efectos mucho más graves para ciertos grupos de mujeres que para otros, en función de su clase social. La decisión de una mujer de interrumpir un embarazo no deseado, decisión que no supone la obligación de abortar a la mujer que no quiera hacerlo, es un asunto que sólo le concierne a quien decide sobre su propio cuerpo. Catalogar el aborto como un delito no ha conseguido convencer a las mujeres que quieren interrumpir un embarazo. Cuando una mujer se encuentra en una situación tan desesperada la pena establecida por el Código Penal no la convence de no abortar, sólo la obliga a acudir a procedimientos inseguros que ponen en peligro su vida. La penalización del aborto no salva fetos, pero si mata mujeres.
Una de las grandes diferencias entre quienes defendemos la despenalización del aborto y quienes se oponen a ella es que nosotras respetamos la decisión individual, mientras que las otras quieren imponer su posición a las demás.
En conclusión, la total penalización del aborto viola los derechos fundamentales a la dignidad, a la igualdad, a la salud y a la integridad de la mujer.
Las ricas se lo pagan, las pobres se desangran.
Algarada
Fotografías frente a la sede del PP en Tetuán: